La concentración de la tierra, configurando latifundios y minifundios provocaba presión demográfica, masa creciente de campesinos sin tierra, expulsados a las ciudades o al exterior, depauperación constante de los trabajadores en el área rural. En 1970/1971 el 84.0% de la propiedades tenían una área menor de 18.0 %, y el caso contrario un 1.5% de las propiedades poseía un área de 43.4 %.
La estructura agraria era del control del terrateniente capitalista. En términos de clases seria que una gran masa de campesinos de diversa formas tenía poca tierra y una pequeña clase poseía una enorme cantidad de tierra. Se confirma por el número creciente de familias sin tierra y a la profundización de la disparidad en la propiedad y tenencia de la tierra.
El inicio del proceso de ajuste se da entre 1978 – 1984, con el golpe de Estado del 15 de octubre de 1979, la instauración de varias juntas Cívico-Militar y la adopción de estratégicas medidas de política económica en un contexto de lucha por el poder. Enseguida se adoptaron 3 medidas que provocaron el debilitamiento de la fracción agraria capitalista: la reforma agraria, la nacionalización del comercio exterior del café y del azúcar y la nacionalización del sistema bancario, que buscaban reformar el modelo agro exportadora, fortalecer al Estado y generar apoyo político y social suficiente para impulsar un proyecto reformistas que aislara a las fuerzas radicales de la izquierda y la derecha.
La reforma agraria de 1980 fue la más profunda y compleja, porque afectó a toda propiedad que rebasara en un primer momento 100-150 ha, luego 245 ha, y transfirió la propiedad de las tierras arrendadas a los arrendatarios, sin importar el tamaño de las parcelas. En todos los casos, el beneficiario incurrió en una deuda pagadera en 30 años al 6% anual. La etapa II que afectaba el modelo agro exportador y las relaciones capitalistas sobre la tierra no fue ejecutada. En total, CEPAL estima que la reforma agraria abarcó la quinta parte de las tierras agrícolas (casi 300, 000 ha) y benefició a más de 85, 000 familias, es decir, una de cada cinco familias rurales.
La nacionalización del comercio exterior de las mercancías agrícolas permitió al Estado obtener el control comercial sobre los subsistemas de agroexportación, en detrimento del poder de la facción agraria del capital. La nacionalización del sistema bancario pretendía ser la fuente estratégica de financiamiento para las reformas y medio de control financiero sobre la economía.
Otro periodo desencadenante fue 1984-1989, la gestión de una economía de guerra, por parte del PDC permitió que las finanzas del Estado se redefinieran a favor de los ingresos por exportaciones, importaciones e impuestos tributarios directos. En este periodo, cabe decir que las tres reformas fueron bloqueadas y las políticas económicas truncadas de sus objetivos iniciales.
Para el caso de la nacionalización del comercio exterior, los mecanismos de comercialización dictados por el INCAFE y la INAZUCAR crearon cuellos de botella administrativos para poder exportar o en otros casos la corrupción. El objetivo del financiar al Estado tampoco se logro, evidenciado por la caída de las exportaciones de café y la consecuente disminución de ingresos por impuestos a estos. En cuanto a la nacionalización del sistema bancario, guiado por el BCR y la Junta Monetaria, como vía para democratizar el crédito y medio de control estatal fue corroído por partes. Ya antes de ejecutar la anunciada nacionalización, los dueños de los bancos ligados al modelo agro exportador, iniciaron una fuga de capital hacia el exterior, liquidaron prestamos y mediante “presta nombres” salvaguardaron activos. Luego negociaron con el gobierno la compensación prometida, pagando este elevados precios por acción que fueron financiados con bonos.
Otro periodo abarca entre 1989-2003 donde el proceso de reajustes se complementa en el modo de producción. En octubre de 1992, y producto de los acuerdos de paz, se creó el Programa Transferencia de Tierras: El PTT definió el acceso a la tierra desde 1.5 hectáreas, según la calidad de suelos. El techo de beneficiarios fue de 47,500 (según CEPAL eran 25,000 tenedores, 7,500 FMLN y 15,000 FAES); la adjudicación seria individual y colectiva (se aplico en muchos casos por pro indiviso); el pago serie a 30 años plazo y 6% interés anual; el proceso dependería de la disposición de tierras y por prioridades (FMLN, Tenedores, FAES).
Luego de la reforma de 1980 y la aplicación del PTT sobre la tenencia de la tierra los resultados a fines de los noventa mostraba que, no obstante la recalificación de más de 295 000 hectáreas, la distribución de la tierra se mantenía concentrada en las explotaciones más grandes. Los predios de más de 70 hectáreas constituían sólo el 1.1% del total y ocupan el mayor porcentaje del área de todos los estratos (29.3%), con un promedio de 134 hectáreas.
Desde 1989, las tres reformas económicas del JRG-PDC fueron revertidas con un alto costo económico-financiero. ARENA, partido en el gobierno había promulgado un nuevo programa económico el “plan Cristiani” que era una replica del ideario y doctrina neoliberal.
En la Reacumulación de capital en el caso de los Bancos y Financieras, El BCR fue importante en las reformas en la década de los 90, particularmente en su marco regulatorio. En 1990, se argumentó la nueva doctrina económica como solución a los problemas del sistema financiero (estructura centralizada y política, favoritismo político y trabas en otorgamiento de créditos, insolvencia e iliquidez económica- financiera), y bajo la bandera del saneamiento y fortalecimiento los bancos y asociaciones de ahorro y préstamo, se privatizaron. En 1993, los principales bancos e instituciones financieras privatizados que operaban en el país eran: Banco Agrícola Comercial, Banco de Comercio, Banco Cuscatlán, Banco de Desarrollo, Banco Salvadoreño y Banco Hipotecario; Financieras: Ahorromet, Atlacatl, Construcción y Ahorro, S. A. (CASA) y CREDISA.
La apropiación de los activos de bancos emula a la apropiación de la tierra ya que permitió la propiedad sobre el dinero, y a partir de este se desarrollo la facción del capital financiero. Los bancos privatizados, con la facilidad de un conjunto de leyes captaron los flujos de TEN que permitió consolidar su poder en el mercado.
En 10 años hay una expansión del capital financiero, vía los servicios financieros diversificados y la consolidación de empresas de diversas actividades económicas, esto dio origen al Bloque Hegemónico Empresarial (BHE): 23 Núcleos Familiares Empresariales que controlan mediante sus empresas e inversiones, ramas claves de la economía nacional. La forma jurídica-empresarial-económica que tomaron fue el holding financiero. Para 2003, cuatro de los bancos en poder del BHE controlan el mercado financiero La banca usurera, focalizo el crédito hacia actividades rentables de consumo diverso, en detrimento del financiamiento de la producción real.
