SAN JOSE- COSTA RICA.-
a
propósito de la entrevista a Carlos Acevedo, «El gobierno no cambio el modelo», me recordé de «Lock-in» o
candado, es la expresión inglesa que describe la acción de una mayoría
parlamentaria (temporal) que “encierra” un sistema de reglas, haciendo imposible que otra mayoría (en otro
tiempo) modifique las reglas aplicables. Debo agregar para que cuadre mi
explicación el comando del poder Ejecutivo sobre los otros poderes del Estado
que implica la imposibilidad de justicia
del poder judicial.
Encadenar al país y luego poner «Lock-in»,
explica el DR-CAFTA, la Dolarización,
las Privatizaciones, la conversión de LETES a deuda pública de largo plazo, el
financiamiento de la deuda previsional, entre otras. Los argumentos a favor del
status quo vigente plantean la «seguridad
jurídica», el respeto a las «reglas del juego», « un clima de inversión positivo», etc.
La clave para desterrar ese pensamiento
colonial es cuestionarse qué dice nuestro pacto social. La constitución política
del país en lo relativo de los fines del Estado: (…) reconoce a la persona
humana como el origen y el fin de la actividad del Estado, que está organizado
para la consecución de la justicia, de la seguridad jurídica y del bien común
(…). En consecuencia, es obligación del Estado asegurar a los habitantes dela
República, el goce de la libertad, la salud, la cultura, el bienestar económico
y la justicia social.
En lo relativo del orden económico dice:
(…) debe responder esencialmente a principios
de justicia social, que tiendan a asegurar a todos los habitantes del país una
existencia digna del ser humano.
«Se garantiza la libertad económica, en lo que no se oponga
al interés social.
«Se reconoce y garantiza el derecho a la propiedad privada en
función social.
«Corresponde al Estado prestar por sí o por
medio de instituciones oficiales autónomas, los servicios de correos y
telecomunicaciones
«El poder de emisión de especies monetarias corresponde
exclusivamente al Estado, el cual podrá ejercerlo directamente o por medio de
un instituto emisor de carácter público. El régimen monetario, bancario y
crediticio será regulado por la ley.
«En toda concesión que otorgue el Estado
para establecimiento de muelles, ferrocarriles, canales u otras obras
materiales de servicio público, deberá estipularse, como condición esencial,
que después de transcurrido cierto tiempo, no mayor de cincuenta años, tales
obras pasarán por ministerio de ley, en perfectas condiciones de servicio, al
dominio del Estado, sin indemnización alguna.
«Estas concesiones deberán ser sometidas
al conocimiento de la Asamblea Legislativa para su aprobación.
Por veinte años se sustituyeron estos
conceptos constitucionales por intereses económicos y políticos particulares o
liberalismo práctico: “Sistema de Libre Empresa”, “Sistema de libertades”, “Libertades
económicas e individuales”, en detrimento del interés público, social,
comunitario rompiendo el balance social, lesionando su pacto constituyente. El político Schafick se acercó a la verdad
cuando en ocasión del día de la Constitución recriminó que está era un «cadáver
insepulto acribillado a puñaladas».
Esta encadenado el país, como dice Joaquín
de Estefanía, a: “intereses económicos
liberales y valores políticos conservadores”.
Podemos afirmar que el mercado no
perdona, no tiene corazón, no tiene memoria… por tanto vendrán tiempos turbulento impuestos por un ajuste comandado
por el mercado que fomentara más neoliberalismo/egoísmo.
Para evitar el pesimismo, la otra
opción es pactar cambios sustanciales vía reformas democráticas consensuadas. (Las
propuestas mínimas las desarrollare en otro publicación)
Leía la opinión de un abogado que
planteaba que el camino de una constituyente (no considerada en la actual constitución)
es pedir una reforma que posibilite el mecanismo (por ej. referéndum y
plebiscitos) dicho proceso es que una asamblea lo aprueba por mayoría simple y
la siguiente lo vote por mayoría calificada.
El tiempo, por los signos vistos, más
temprano que tarde develara nuestro destino.
