El Salvador: Reforma Administrativa en el Sistema de
Presupuesto Público de la Nación 2009-2016
Willian Alirio Martinez
Contenido
Introducción
El gobierno electo de 1989 y su programa de reformas
económicas inspiradas en el Consenso de Washington (CW) sentaron las bases de
la nueva economía del país. En él primaron las ideas sobre la liberalización
económica, un nuevo regionalismo para el comercio exterior y la estrategia de
promoción de exportaciones llamada «desarrollo hacia afuera», debían de ser el
motor del crecimiento económico.
Rosa y Peña (1995) señalan que la política económica del
gobierno tuvo coherencia con los Programas de Estabilización Económica (PEE) y
los Programas de Ajuste Estructural (PAE), se orientó hacia la austeridad
fiscal, la privatización y liberalización de los mercados (Stiglitz, 2002),
véase también OMC–EPC (1996; 2003)
Estas políticas económicas incluían: Disciplina fiscal,
reorientación del gasto público, reforma fiscal, liberalización de las tasas de
interés, tipos de cambio unificados y competitivos, liberalización comercial,
apertura a la inversión extranjera directa, privatización, desregulación y
garantías de los derechos de propiedad (Rodrik, 2011).
En cuanto a la Administración y Gestión del Estado, se
adoptó el Programa de Modernización del Sector Público, que fue apoyado por el
préstamo de asistencia técnica para la Modernización del Sector Publico
(PSM-TAL) del Banco Mundial (1996) que contenía cuatro componentes: (1)
Reestructuración Institucional y Desburocratización, (2) Gestión de Recursos
Humanos, (3) Gestión de recursos financieros; y (4) privatización y
participación del sector privado en la prestación de servicios públicos.
La sexta elección presidencial, luego de la Constitución Política
de 1983, fue en el año 2009 dando como resultado el cambio de un gobierno de
“Derecha” representado en Alianza Republicana Nacionalista ARENA hacia un
gobierno de “Izquierda” representado en el Frente Farabundo Martí para la
Liberación Nacional FMLN.
Con el gobierno de ARENA, Stark (2011), señala un
periodo de 20 años, donde El
Salvador experimentó tres etapas de reforma: la primera para estabilizar y reorientar
la economía hacia el mercado (hasta 1994) realizando, entre otras, una profunda
reforma tributaria; la segunda enfatizó el ajuste estructural y la
modernización del sector público (hasta 1999); y la tercera se orientó a
consolidar y profundizar las anteriores (hasta 2009).
Entre 2009-2016, han gobernado dos gobiernos del partido
político de izquierda, con una visión distinta a su predecesor han implementado
diversas reformas administrativas en áreas como el sistema de salud, el sistema
de subsidios y prestaciones sociales, entre otros.
Se buscará describir la macro-estructura, procesos(gestión)
y sistemas (de información y de control de la gestión), elementos claves para
la reforma administrativa en el contexto del proceso de modernización de la
administración pública. Aquí trataremos sobre las finanzas públicas, la reforma
fiscal y en particular sobre una reforma administrativa silenciosa, el nuevo
sistema de gestión del presupuesto general de la nación basado en gestión por
resultado.
El documento esta organizados de la siguiente manera: (1) Factores
socioeconómicos del país; (2) Sistema político administrativo; (3) Coyuntura
2009-2016; (4) Reforma administrativa; y (5) Conclusiones y se agrega la Bibliografía.
1. Factores
socioeconómicos
Los cambios estructurales fueron determinados por la
reconstrucción económica y social, la liquidación del modelo económico
agroexportador, los cambios demográficos, la transición rural-urbano, la
emigración, las remesas, la desintegración familiar y la violencia social que
influyeron en la nueva sociedad salvadoreña.
Si los clasificamos en cambios internos y cambios externos.
Entre los primeros se encuentra, (i) el mayor peso de la población en áreas
urbanas y la diversificación en la ocupación de la PEA, (ii) la nueva
demografía de establecimientos; (iii) cambios socioeconómicos de la población.
Entre los segundos se denotan (iv) la emigración, (v) las remesas, (vi)
apertura económica; (vii) dependencia externa de combustibles y alimentos;
(viii) eventos geológicos y climáticos extremos.
Ha cambiado la naturaleza de las actividades económicas
debido a la aplicación de políticas económicas de diversos gobiernos a lo largo
del tiempo.
La privatización de empresas, bienes y activos públicos fue
una política generalizada. Por ejemplo, los establecimientos asociados a la
energía y el agua han pasado de 9 hacia 79, esto debido a la privatización del
sector eléctrico que llevo a la creación de nuevos mercados y empresas. También
el sector bancario, luego de su privatización se modernizo, creció, se
concentró y regionalizó para luego ser vendido a bancos internacionales y
recientemente a banco regionales. Además, el modelo previsional de seguridad
social también fue privatizado creando un mercado privado, aunque regulado y
vinculado al antiguo sistema. Igualmente, las telecomunicaciones han
evolucionado con la privatización de la empresa pública de telecomunicaciones
ANTEL y el nacimiento de un nuevo mercado de servicios de telecomunicación con
nuevas empresas y servicios.
Los principales cambios en la aplicación de política
económica se agrupan en: política fiscal; política monetaria; política
sectorial; y política institucional.
·
La
Reforma Fiscal, creo una nueva estructura tributaria, derogó y/o modificó
impuestos directos, creó nuevos impuestos indirectos, se reformuló la gestión
del gasto público, aumentó el gasto corriente al igual que el gasto en
desarrollo social e infraestructura y también se incrementó la
descentralización de fondos hacia las municipalidades.
·
La
gestión de la política monetaria, crediticia y financiera fue reformada, se
crearon nuevas instituciones financieras y se declaró autónoma el ente de
supervisión financiera, de igual manera se reformo el marco legal y las
funciones de la autoridad monetaria. Finalmente se adoptó un tipo de cambio
fijo (dolarización) y se encomendó al Banco Central nuevas funciones.
·
La
política Industrial y comercial tenía como orientación la producción para la
exportación y el acceso irrestricto de bienes de consumo importados aún en
detrimento de la producción local.
·
La
política institucional implico una reestructuración institucional y una
desburocratización de la Administración Pública orientados a la (1) Reducción
de la acción del Estado en la economía y en la Sociedad, (2) Descentralización
funcional y política, (3) Modernización del Estado.
En resumen, han operado diversos cambios sociales y
económicos en la sociedad salvadoreña, combinados con un paradigma ultra liberal
en el ejercicio del gobierno y la administración pública.
2. Sistema
político-administrativo
La República de El Salvador en la América Central (1841),
nacida de la fragmentación y disolución de la Federación Centroamericana, posee
197 años de independencia administrativa y política del Reino de España. Es un país soberano ubicado en el litoral del
océano Pacífico, su clima es cálido tropical con una extensión territorial de
21 041 km², limita con Guatemala al oeste y con Honduras al norte y al este, al
sureste el golfo de Fonseca lo separa de Nicaragua, y flanqueado al sur por el
océano Pacífico.
Para el año 2016, la población total del país fue de
6,522,419 personas, de las cuales 61.7% residen en el área urbana y 38.3% en la
rural. El Área Metropolitana de San Salvador (AMSS), se concentra el 27.2% del
total de la población del país. Su territorio está organizado en 14
departamentos y 262 municipios. La ciudad de San Salvador es la capital del
país; su área metropolitana incluye 14 municipalidades cercanas, y concentra la
actividad política y económica de la república.
1.1. Estructura
del Estado
En cuanto al grado de dispersión vertical de la autoridad,
el Estado salvadoreño se puede caracterizar como un Estado Unitario ya
que el gobierno central retiene la soberanía, tal y como se puede deducir del
Art. 83 de la Constitución Política de 1983: El Salvador es un Estado soberano.
La soberanía reside en el pueblo, que la ejerce en la forma prescrita y dentro
de los límites de esta Constitución. Explicada en el Art. 86 de la Cn., el
poder público emana del pueblo. Los órganos del Gobierno lo ejercerán
independientemente dentro de las respectivas atribuciones y competencias que
establecen esta Constitución y las leyes. Las atribuciones de los órganos del
Gobierno son indelegables, pero éstos colaborarán entre sí en el ejercicio de
las funciones públicas. Los órganos fundamentales del Gobierno son el
Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial.
Además, es un Estado
Unitario Centralizado, a pesar que el Art. 200 de la Cn., en cuanto a la
administración política divide el territorio de la República en Departamentos donde
habrá un Gobernador nombrado por el Órgano Ejecutivo. Además, el Art. 202 de la
Cn., los departamentos se dividen en Municipios, define el Gobierno Local,
donde dichos municipios estarán regidos por Concejos formados de un Alcalde, un
Síndico y dos o más Regidores cuyo número será proporcional a la población,
otorgándole en el Art. 203, autonomía en lo económico, en lo técnico y en lo
administrativo, y se regirán por un Código Municipal, que sentará los
principios generales para su organización, funcionamiento y ejercicio de sus
facultades autónomas. Finalmente, en el Art. 207 de la Cn. prevé la creación de
un fondo para el desarrollo económico y social, concretado en el D.L. N° 74, de
8 de septiembre de 1988 vía la Ley de Creación del Fondo para el Desarrollo
Económico y Social de los Municipios.
También, el Órgano Ejecutivo
salvadoreño cuenta con una descentralización
funcional y territorial la cual se concreta en la figura de Instituciones
Oficiales Autónomas o de los municipios en el Art. 110 de la Cn., según la
reforma constitucional contenida en el D.L. N 860, 21 de abril de 1994 que
señala: el estado podrá tomar a su cargo los servicios públicos cuando los
intereses Sociales así lo exijan, prestándolos directamente, por medio de las Instituciones
Oficiales Autónomas o de los municipios. Para completar este caso en el Art.
271 de la Cn., la Asamblea Legislativa deberá armonizar con esta Constitución
las leyes secundarias de la República y las leyes especiales de creación y
demás disposiciones que rigen las Instituciones Oficiales Autónomas.
Respecto al grado de coordinación horizontal dentro
del propio gobierno. En el caso salvadoreño, primero se define en el Art. 150 de
la Cn..- El Presidente y el Vicepresidente de la República, los Ministros y
Viceministros de Estado y sus funcionarios dependientes, integran el Órgano
Ejecutivo.
Luego señala en el Art. 159 de la Cn., para la
gestión de los negocios públicos habrá las Secretarías de Estado que fueren necesarias,
entre las cuales se distribuirán los diferentes Ramos de la Administración.
Cada Secretaría estará a cargo de un Ministro, quien actuará con la
colaboración de uno o más Viceministros.
El Art. 166 de la Cn.,
establece el consejo de ministros como espacios de coordinación horizontal. Existen
(a) Secretarías de la Presidencia y (b) Coordinaciones inter-organizacionales
(Ministerios, Entes públicos descentralizados, Instituciones del Sector
Público, Secretarias de Estado e Instituciones Oficiales Autónomas) basadas en
el Reglamento Interno del Órgano Ejecutivo vía Decreto del Consejo de Ministros
No. 24, del 18 de abril de 1989. Además, se han institucionalizados los (c)
Gabinetes de Gestión (Económica, Seguridad, Social e Inclusión, Sustentabilidad
Ambiental y Vulnerabilidad y Gobernabilidad) vía decreto ejecutivo N° 57 en
D.O.205 tomo 413.
1.2. Tipo
de Gobierno e Ideología Política
Art. 85 de la Cn.,
señala que el Gobierno es republicano, democrático y representativo. El sistema
político es pluralista y se expresa por medio de los partidos políticos, que
son el único instrumento para el ejercicio de la representación del pueblo
dentro del Gobierno. Las normas, organización y funcionamiento se sujetarán a
los principios de la democracia representativa.
En la tipología
sugerida por Pollit y Bouckaert (2010), se identifica un Gobiernos en minoría,
donde el partido que compone el ejecutivo tiene menos del 50% de los escaños
del poder legislativo.
Artiga-González (2015),
señala que desde 1994, ni los presidentes de los gobiernos de ARENA ni los
presidentes del FMLN, han gozado de una mayoría legislativa de su propio
partido. Hasta la fecha, todos han podido llevar adelante sus políticas
mediante alianzas legislativas en las que
participaron el PCN, PDC, y más recientemente, el partido Gran Alianza Nacional
(GANA).
El Salvador: Apoyos
legislativos de los presidentes salvadoreños, 1994-2014a
Fuente:
Artiga-González (2015).
1.3. El
Sistema Administrativo
La Ley de Presupuesto
General del Estado y de los Presupuestos Especiales dan cuenta 100 unidades presupuestarias
(Entes) distribuidas en dos secciones A y B. La primera con una estructura de
veinticinco (25) entes que conforman el Gobierno Central, la segunda
subdividida en el Resto del Gobierno General con setenta y uno (71) y las
Empresas públicas que representan 4 entes.
La Constitución
Política en su Art. 219 establece la carrera administrativa y el servicio
civil, por inferencia distingue de la administración pública, la dirección política del partido en el
gobierno y otros cargos de elección de segundo grado (los funcionarios o
empleados que desempeñen cargos políticos o de confianza, y en particular, los
Ministros y Viceministros de Estado, el Fiscal General de la República, el
Procurador General de la República, los Secretarios de la Presidencia de la
República, los Embajadores, los Directores Generales, los Gobernadores Departamentales
y los Secretarios Particulares de dichos funcionarios).
Fuente: Ministerios de Hacienda de
El Salvador.
3. Coyuntura
2009-2016
Coincidimos con el BID (2014) que los presupuestos públicos
cumplen funciones económicas, político-institucionales y gerenciales muy
importantes para el funcionamiento de los Estados. De ahí que los presupuestos
son sensibles al entorno económico y político que los rodea, y cambian significativamente
su orientación a lo largo del tiempo.
En el caso de América Latina, el BID identifico tres
problemas que inciden sobre las finanzas públicas: (1) una baja carga
tributaria, (2) un sistema tributario con bajo peso de la tributación por
renta, erosionada por abundantes exenciones fiscales y regímenes especiales
junto a (3) un presupuesto con anomalías (afectación de impuestos, los pisos
presupuestarios, los gastos tributarios, las operaciones extrapresupuestarias)
que benefician a grupos poderosas sobre el interés nacional.
Para el caso de El Salvador, en 1995, se diseñó y ejecuto un
plan de modernización de la administración fiscal, se creó el sistema de
presupuesto por Áreas de Gestión, que fueron identificadas por la
administración de su época. Se buscó unificar los cuatro sistemas: (1)
Presupuesto, (2) contabilidad, (3) Tesorería y (4) deuda pública aprobándose la
Ley de Administración Financiera Integrada, que dio vida al Sistema de
Administración Financiera Integrado SAFI estableciendo normas y procedimientos
básico para la gestión integrada de los recursos financieros.
Bajo el paradigma de la Nueva Gerencia Publica, se aplicó el
principio de regulación centralizada y operación descentralizada, se utilizó el
SAFI en toda la administración pública quedando la responsabilidad financiera y
la rendición de cuentas junto al procesamiento de datos en los ministerios y
otros organismos descentralizados. Ello dio origen a la creación de Unidades
financieras Institucionales guiadas por las directrices del sistema en cada
ministerio y dependencia pública.
Una crítica de origen del Banco Mundial (1996) señala que no
fue una reforma presupuestaria fundamental ya que los recursos se continuaron
asignando según la practica anterior (a discreción en ocasiones) y el proceso presupuestario no promovió
mejoras en el desempeño, ni creo incentivos de rendimiento.
Mediante una elipsis temporal, instalados en el año 2009. La
crisis financiera internacional se había transformado para economías pequeñas
como El Salvador en una fuerte recesión económica.
El crecimiento del PIB cayó (-3.1%), los cotizantes de la
seguridad social cayo (-4.7%), las remesas familiares cayeron (-9.5%), las
exportaciones se redujeron (-16.7%) y las Importaciones bajaron un (-25.4%) y
el déficit fiscal según el PIB fue de (-3.7%) explicado por la caída de los
ingresos corrientes en un (-13.1%) y el aumento de los gastos corrientes en
9.1% del gobierno central.
En el contexto de una severa recesión económica, el nuevo Gobierno
en el corto plazo ejecuto el Plan Anticrisis que incluía en sus componentes el
“Fortalecimiento de las finanzas públicas”.
El gasto público fue utilizado como herramienta contra
cíclica a fin de salir de la crisis económica, dicho esfuerzo fiscal y sus
consecuencias estimulo la reflexión sobre las finanzas públicas incluso por
parte de organismos financieros y la cooperación internacional.
En particular la consultoría de Stark (2011) denominada El
Salvador: diagnóstico y lineamientos de un programa de apoyo al fortalecimiento
del sistema fiscal para la inserción internacional y el desarrollo sustentable,
apoyada por la Comisión Especial Para América Latina, CEPAL, la Agencia Alemana
de Cooperación Técnica GIZ, el Banco Interamericano de Desarrollo BID y el
Banco Mundial BM.
Luego formulo el Plan Quinquenal de Desarrollo 2010-2014
destacando como apuesta estratégica en el tema de la reforma administrativa lo
siguiente:
Constituir un sector público
responsable, eficiente, eficaz, moderno, desconcentrado y descentralizado que
brinde a la población servicios de calidad, que disponga de los recursos
suficientes para cumplir de forma adecuada con las atribuciones que le asigna
la Constitución de la República y que cuente con un sistema de rendición de
cuentas diligente y transparente. La organización pública tendrá delimitada
claramente las competencias del gobierno central y de los gobiernos municipales.
Para dar pasos definitivos en esta dirección el gobierno de la república se
compromete a formular e impulsar una reforma del sector público, que incluirá
la descentralización y desconcentración de los servicios que presta el Gobierno
y la creación de mecanismos institucionales que aseguren transparencia en la
gestión pública. Además, adquiere el compromiso de favorecer un proceso de movilización
de recursos externos e internos destinados a fortalecer las finanzas del
Estado. (PQD, El Salvador paginas 49-50)
En resumen, en el contexto de una severa recesión económica,
el nuevo gobierno de izquierda con una visión distinta sobre el rol de Estado y
de las lecciones del Plan anticrisis diseña y planifica una reforma
administrativa de las finanzas públicas, en particular la política fiscal y el
proceso presupuestario.
4. Reforma
administrativa
El segundo gobierno de FMLN, con una orientación de izquierda,
en su Plan Quinquenal de Desarrollo 2014-2019 destaca como objetivo
estratégico: “avanzar hacia la construcción de un Estado concertador, centrado
en la ciudadanía y orientado a resultados”. También en sus lineamientos de
política fiscal, destaca: “desarrollo e institucionalización de herramientas de
gestión y planificación fiscal”.
Para fortalecer las capacidades de planificación y
programación financiera del Estado con un horizonte de mediano plazo y en
congruencia con el PQD 2014- 2019, se desarrollarán e institucionalizarán las
siguientes herramientas:
1.
Marco
Fiscal de Mediano Plazo (MFMP), como herramienta de gestión que brindará
proyecciones fiscales agregadas de ingresos, gastos y financiamiento basadas en
escenarios macroeconómicos y en análisis de riesgos.
2.
Marco
de Gastos de Mediano Plazo (MGMP), con el propósito de realizar proyecciones,
asignaciones y reasignaciones de recursos en el nivel institucional
programático con una perspectiva plurianual. Esta herramienta incluye:
–– Presupuesto por programas con
enfoque de resultados.
–– Programa de Inversión Pública
de Mediano Plazo (PRIPME), como instrumento de planeación que imprime un
alcance estratégico al proceso presupuestario de la inversión.
El Gobierno de El Salvador inicio desde 2012, el proceso de
reforma de las finanzas del Estado a través del Ministerio de Hacienda, dicha reforma
es sistemática, estructural y gradual de las finanzas públicas, que comprende
la implantación de un nuevo sistema de presupuesto con enfoque hacia la obtención
de resultados.
Utilizando el criterio de Pollit y
Bouckaert (2010) podemos clasificar el nuevo sistema de presupuesto con enfoque
hacia la obtención de resultados como reforma de la gestión pública Nivel de
Gestión, dado que involucra a una serie de actores que desarrollan
estrategia y generan relaciones entre sí.
Siendo El Salvador un Estado Unitaria con cierto grado de
concentración “vertical” de la Autoridad, ha utilizado la estrategia vertical
para la implementación de la reforma, utilizando la centralización normativa y
reguladora y la descentralización operativa de la reforma del presupuesto
público del país.
1.
¿En qué consiste
el programa de reforma de la gestión del presupuesto de la nación?
Con la finalidad de
contribuir al desarrollo económico y social del país, el Ministerio de Hacienda
está llevando a cabo una reforma sistémica y gradual de las finanzas públicas;
para ello, ha elaborado el Plan de Reforma del Sistema de Presupuesto
Público, el cual contiene los siguientes objetivos: i) elevar la
eficiencia en el uso de los recursos del Estado, ampliando la cobertura y
financiando los servicios en condiciones de equilibrio y sostenibilidad fiscal;
ii) mejorar la asignación de recursos en función a prioridades y metas de un
desarrollo sostenido del país; iii) transformar el presupuesto público en un
instrumento de gerencia, transparencia y rendición de cuentas; y iv) crear la
capacidad fiscal para afrontar situaciones de emergencia derivadas de crisis
económica, desastres naturales u otros eventos imprevisibles.
La Reforma del Sistema
de Presupuesto, se basa en cuatro pilares: 1) implantar un modelo de
Presupuesto por Programas con Enfoque de Resultados, 2) implantar el enfoque
del Marco de Gasto de Mediano Plazo y Marcos Institucionales de Mediano Plazo,
3) desarrollar un sistema de seguimiento y evaluación del desempeño presupuestario,
y 4) desarrollar capacidades y compromisos en todo el sector público; además,
de tres factores críticos de apoyo para el éxito: i) la decisión
y apoyo político del más alto nivel, ii) el fortalecimiento organizacional de
la Dirección General del Presupuesto, y iii) el soporte de la nueva herramienta
informática (SAFI II).
Fuente: Ministerios de Hacienda de
El Salvador.
2.
¿Quiénes están
involucrados?
Reconociendo que la
reforma se encuentra en un Nivel de Gestión, se utiliza una Estrategia Vertical
para la implementación dado que el país tiene un Estado Unitario y
Centralizado.
A nivel Macro-institucional
dependen de Órgano Ejecutivo, en específico de tres actores: a nivel Estratégico
de la Presidencia de la Republica, a nivel Centralizado (Normativo, Regulado),
del Ministerios de Hacienda y a nivel Descentralizado(Operativo) las
Instituciones Públicas ya sean del gobierno central o de las instituciones
descentralizadas.
Fuente:
Ministerios de Hacienda de El Salvador.
3.
¿Cómo se ha
formulado e implementado?
El Plan de Reforma se
ha dividido en las siguientes cuatro fases de implementación: Fase I
Preparatoria (2012-2015), Fase II Transición (2016-2017),
Fase III Desarrollo (2018-2019), y Fase IV
Consolidación (2020 en adelante).
En la primera fase de
la reforma, se desarrolló “el modelo conceptual” del nuevo sistema. También se definió
el diseño y se aprobó los instrumentos metodológicos.
La segunda fase comprende
la formulación del presupuesto bajo el enfoque de presupuesto por programas, la
implementación del Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) a partir del Marco
Fiscal de Mediano Plazo (MFMP), que incluye la elaboración de los Marcos
Institucionales de Mediano Plazo (MIMP).
La tercera fase
comprende la realización de las primeras evaluaciones de desempeño de los
programas presupuestarios, la revisión y análisis de los costos unitarios de
los productos y metas de los programas presupuestarios, el afinamiento del
sistema de programación del presupuesto del personal a nivel de actividades y proyectos,
así como la promoción de la programación del presupuesto en bienes y servicios utilizando
el catálogo respectivo.
La última fase comprende
la aplicación de los principios y requisitos del enfoque de presupuesto por
programas con enfoque de resultados, la implementación de mecanismos de
incentivos al desempeño, la aplicación de diversas herramientas de evaluación,
tales como las evaluaciones independientes, la medición de satisfacción de la población
objetivo, y la consolidación del sistema de análisis de costos de los servicios
públicos brindados a través de los programas.
4.
¿Cuáles son los
primeros resultados?
Los primeros productos
de la reforma son: (1) la nueva metodología del presupuesto; (2) capacitación
en el nuevo enfoque actores, identificación y diseño de programas
presupuestarios; (3) formulación del primer presupuesto basada en programas; y
(4) el inicio de ejecución del presupuesto por programa es el fruto de la
implementación de la reforma del Sistema de Presupuesto Público del país.
Fuente: Ministerios de
Hacienda de El Salvador.
El presupuesto por
Programas con enfoque de Resultados, es un Instrumento que se fundamenta en el
concepto de cadena de valor público. Bajo este concepto el presupuesto es la
herramienta que asigna recursos a insumos para realizar un conjunto de
actividades, posibilitando la entrega de productos (bienes y servicios) por
parte de las instituciones públicas, a través de los cuales se obtiene
resultados concretos y medibles que son objeto de seguimiento y evaluación.
La
cadena de valor antes mencionada, se estructura de manera coherente con una
Matriz de Marco Lógico, la cual es un instrumento de gestión de los Programas
en todo el ciclo presupuestario. Ésta técnica permite eliminar la inercia
presupuestaria, y abandonar el enfoque del presupuesto basado en insumos, al
mismo tiempo de transitar a un presupuesto enfocado en la producción pública.
(Ministerio de Hacienda, Política Presupuestaria de Mediano Plazo 2018-2021
página 19).
Fuente: Ministerios de Hacienda de
El Salvador.
5. Conclusión
El Salvador con el cambio de partido en el gobierno en 2009,
ha dado un giro al rol del Estado y la Administración Pública AP en el tema del
presupuesto nacional.
La administración pública está en un proceso de reforma
donde la herencia de los paradigmas burocráticos y de nueva gerencia pública
aún predominan.
Los paradigmas asociados a la creación de valor público y la
gestión para resultados han encontrado terreno fértil en la reforma de las
finanzas públicas salvadoreñas. en
particular, el caso de la reforma de sistema de presupuesto público que busca
implementar, un presupuesto por programas con enfoque de resultados, es un
instrumento que se fundamenta en el concepto de cadena de valor público.
El apoyo técnico y financiero de los organismos
internacionales ha sido determinante para incentivar, diseñar, implementar e
institucionalizar la reforma.
La culminación de la fase I y II con la institucionalización
de la reforma en la administración pública, en particular desde la Presidencia
de la República, el Ministerio de Hacienda y las Instituciones Pública, augura
avances en la evolución de un Estado que responda a los ciudadanos y su
población, con el fin de cumplir con su rol en la sociedad.
Entre los primeros logros se señala: (1) la nueva
metodología del presupuesto; (2) administración pública acotación en el nuevo
enfoque actores, identificación y diseño de programas presupuestarios; (3)
formulación del primer presupuesto basada en programas; y (4) el inicio de
ejecución del presupuesto por programa es el fruto de la implementación de la
reforma del sistema de presupuesto público del país.
Las nuevas capacidades de la burocracia se deben transformar
en una cultura en la administración pública, con el fin de superar debilidades,
rezagos y vicios que aún posee.
La orientación de la Reforma de la gestión
Fiscal/financiera/ presupuestaria del Estado tiene como objetivos: (1) Ahorro
presupuestario; (2) Mejora de la eficiencia en el diseño, asignación,
ejecución, supervisión y resultados del ciclo presupuestario del Estado
Salvadoreño; y (3) Instrumento de Planificación Estratégica para el Desarrollo.
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