domingo, 21 de noviembre de 2010

1.2. LA SUPERESTRUCTURA.

El Estado es la mayor concreción de la superestructura y de él se describirán las políticas económicas, impulsadas por los gobiernos.
1.1.1.EL ESTADO
El Estado ejecuta tanto a nivel económico como jurídico un activo papel en los procesos de acumulación, ya sea estimulándolos en ciclos crecientes y apoyándolos en ciclos decrecientes. El primer eslabón de las políticas económicas se inicia con el golpe de Estado, la JRG y el gobierno del PDC entre los años 1979-1989; se dictan la Reforma Agraria (decretos 153 y 154), la Nacionalización del Comercio Exterior y la Nacionalización del Sistema Bancario. Acompañado de un férreo control de precios (salarios y bienes agrícolas) y una  vertical distribución del crédito. Se gestiona una economía de guerra, subsidiada en buen parte con TEN de la USAID que impacta en la configuración de las fuerzas productivas y agudiza la lucha de clases en las relaciones de producción anacrónicas[1].
El segundo eslabón inicia con el cambio de poder institucional: entre los años 1989 -2003, ARENA busca un reajuste en el modo de producción a partir de cambios en la estructura económica mediante las contrarreformas monetaristas y neoliberales[2].

Son propugnadas las ideas del Consenso de Washington, operadas por el Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) y filiales, mediante los Programas de Ajuste Estructural (PAE) y Programas de Estabilización Económica (PEE) que han sido reimpulsados con los acuerdos jurídicos-comerciales sobre comercio, inversión, compras gubernamentales, acceso a mercados y patentes/derechos de propiedad (ALCA y TLC) con claro sesgo en pro de las empresas transnacionales.

El punto de inflexión se concreta con: la privatización de activos, bienes y servicios públicos y/o utilidad pública, la apertura unilateral del comercio exterior bilateral,  la promoción de zonas francas, la reforma monetaria, fiscal e institucional. El ajuste del modo de producción, provoca los primeros síntomas de estancamiento económico que se prolongan entre 1999- 2003. Se acentúan las tendencias al exterior del flujo migratorio[3] factor preponderante en la explicación del nuevo modelo económico. Este periodo reciente e inacabado permite una foto de las políticas económicas  que en menor o mayor medida aplicaron los gobiernos de ARENA entre 1989-2003.
1.1.1.1.  LA POLÍTICA MONETARIA Y CAMBIARIA[4].
La nueva doctrina económica neoliberal, le quita al BCR la facultad de ser prestador de ultima instancia al Estado y se desregula la tasa de interés dejando que las condiciones de un mercado oligopolico, fijen y rigen la asignación de recursos.
La política cambiaria inicial, adopta un tipo de cambio “sucio” o devaluación controlada, luego un tipo de cambio fijo y desde la dolarización no existe política. Se rige por la Ley de Integración Monetaria vigente desde enero de 2001.

1.1.1.2.  LA POLÍTICA FISCAL.
La desregulación de las actividades económicas se fomenta con la reforma fiscal de 1991, gestionada luego mediante la política tributaria regresiva, la política presupuestaria restrictiva y de inversión focalizada. Es forzado el Estado a financiarse el déficit fiscal vía externa, con LETES y bonos, complementada con centralización administrativa y restrictiva de los recursos financieros.

Los primeros años se tuvo cierto control sobre el endeudamiento y el riesgo país (amortiguado por el creciente flujo de transferencias-remesas-), que ha sido erosionado con la perdida del “señoreaje” y la disminución de las Reservas Internacionales Netas (RIN) en el último gobierno y se presenta una situación  tendiente a la iliquidez de las finanzas del Estado en el medio  plazo[5].

1.1.1.3.  LA POLÍTICA COMERCIAL.
Se da la liberalización unilateral de las importaciones, la desgravación arancelaria y el estimulo de las exportaciones no tradicionales vía Iniciativa de la Cuenca del Caribe (ICC) estadounidense  y Sistema General de Preferencias (SGP) europeo, se firma de forma individual con Panamá, Chile, Dominicana, México y EE.UU. un Tratado de Libre Comercio por medio de acuerdos internacionales bilaterales en inversión, comercio, y legislación a favor de los grupos económicos de poder y de las Empresas Transnacionales[6].

1.1.1.4.  LA POLÍTICA INSTITUCIONAL.
Marcada por el enfoque liberal-monetarista, el Estado ha minimizado, sus funciones económicas y sociales al desarticularlas, con un rol subsidiario y pasivo de vigilancia sobre la economía. Se impulso la capitalización de activos y de servicios estratégicos: privatización de sistema bancario, del sector eléctrico, de sistema de seguridad social, venta de activos de empresas públicas y concesión de servicios. Fomentó una política de homologación bilateral de acuerdos en inversión, comercial y jurídica vía “Tratados de Libre Comercio” (TLC). Generó una política sesgada contra la planificación social, los derechos laborales, la inversión en ciencia y tecnología, el desarrollo local y degradación de recursos naturales vitales y estratégicos[7].


[1] Para la Reforma Agraria, los decretos básicos son el 153 dado un 5 de marzo de 1980 y 154, según legislación de la JRG  aplicable al proceso de Reforma Agraria, MAG, departamento de información agropecuaria. S.R; Para el caso de la nacionalización del Comercio Exterior se promulgo el decreto  75 el 2 de Enero de 1980, el decreto 68, publicado un 8 de enero, el decreto 28 publicado un 22 de Febrero y otro el 20 de mayo; Para la nacionalización del Sistema Financiero se promulgo el decreto 158 un 7 de marzo de 1980; luego se promulgo La Ley de Estabilización Económica en 1980 que fijo precios de bienes, servicios y salarios; en general para todos los casos se efectuaron decretos complementarios. Ver resumen en cuadro 60 en anexos.
[2] Ver Moreno, Raúl. “El Tratado de Libre comercio entre Estados Unidos y Centroamérica: Impactos económicos y sociales”. EDISA. El Salvador 2004.
[3] Otros factores a mencionar son: El aumento de la densidad poblacional, recomposición en la estructura ocupacional, hay una nueva composición del PIB, nuevos niveles de productividad, aumento en la tecnificación económica, en la demanda de servicios públicos, salud educación, y la nueva dinámica del comercio exterior. Ver cuadro 58 en anexos.
[4] En mayo de 1991, se aprobó la nueva Ley Orgánica del Banco Central de Reserva de El Salvador. Los cambios radicales que trajo esta nueva ley a las funciones del Banco Central fueron: la prohibición de financiar directa o indirectamente al Estado (Art. 74); y la eliminación de la facultad para fijar el tipo de cambio y las tasas de interés, que desde entonces quedaron sujetas a las fuerzas del mercado. En Enero de 1993 el BCR abandona el sistema cambiario e fluctuación sucia adoptada en Junio de 1990.y  establece un de sistema de tipo de cambio fijo a nivel de 8.75 colones por dólar. La entrada en vigencia de la Ley de Integración Monetaria -LIM-, el 1 de enero de 2001, trajo cambios drásticos en el manejo de las cuentas por parte de los bancos.   A partir de esa fecha, todas sus operaciones se denominaron en dólares americanos. La LIM también trajo cambios en las funciones del BC R, eliminando su facultad de emisor exclusivo de billetes y monedas y, por consiguiente, de ejecutor de la política monetaria del país.
[5] Para mayor comprensión léase  Arias Mármol, Keny Zeneyda. En  tesis de graduación: “Evaluación de la Sostenibilidad de la Deuda y la Política Fiscal del Sector Publico No Financiero de  El Salvador,  periodo 1980 -2007”. Facultad de Economía Universidad de El Salvador 2005.
[6] En Junio de 1989 se da una  liberalización aduanal de 200 productos, en  Julio hay una liberalización parcial del tipo de cambio, en Agosto se da incremento de tarifas de servicios públicos y en Septiembre se da la primera desgravación arancelaria. También se declara inconstitucional la nacionalización del comercio Exterior y se reprivatizan las exportaciones del Café y Azúcar, desintegrando el INCAFE e INAZUCAR. Para mayor referencia léase Arias Peñate, Salvador “la Mundialización y las dos Globalizaciones” Ed. Universitaria UES El Salvador 2003.
[7] Ver la Red Ciudadana por el Desarrollo (Iniciativa por la Revisión Participativa de los Programas de Ajuste, por sus siglas en inglés (SAPRIN)/ El Salvador “El  Impacto de los Programas de Ajuste Estructural y estabilización Económica en  El Salvador”, diciembre del 2000.

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