La concentración de la tierra, configurando latifundios y minifundios provocaba presión demográfica, masa creciente de campesinos sin tierra, expulsados a las ciudades o al exterior, depauperación constante de los trabajadores en el área rural. En 1970/1971 el 84.0% de la propiedades tenían una área menor de 18.0 %, y el caso contrario un 1.5% de las propiedades poseía un área de 43.4 %[1].
La estructura agraria era del control del terrateniente capitalista. En términos de clases seria que una gran masa de campesinos de diversa formas tenía poca tierra y una pequeña clase poseía una enorme cantidad de tierra. Se confirma por el número creciente de familias sin tierra y a la profundización de la disparidad en la propiedad y tenencia de la tierra.
El inicio del proceso de ajuste se da entre 1978 – 1984, con el golpe de Estado del 15 de octubre de 1979, la instauración de varias juntas Cívico-Militar y la adopción de estratégicas medidas de política económica en un contexto de lucha por el poder. Enseguida se adoptaron 3 medidas que provocaron el debilitamiento de la fracción agraria capitalista: la reforma agraria, la nacionalización del comercio exterior del café y del azúcar y la nacionalización del sistema bancario, que buscaban reformar el modelo agro exportadora, fortalecer al Estado y generar apoyo político y social suficiente para impulsar un proyecto reformistas que aislara a las fuerzas radicales de la izquierda y la derecha.
La reforma agraria[2] de 1980 fue la más profunda y compleja, porque afectó a toda propiedad que rebasara en un primer momento 100-150 ha , luego 245 ha , y transfirió la propiedad de las tierras arrendadas a los arrendatarios, sin importar el tamaño de las parcelas. En todos los casos, el beneficiario incurrió en una deuda pagadera en 30 años al 6% anual. La etapa II que afectaba el modelo agro exportador y las relaciones capitalistas sobre la tierra no fue ejecutada[3].
En total, CEPAL estima que la reforma agraria abarcó la quinta parte de las tierras agrícolas (casi 300, 000 ha ) y benefició a más de 85, 000 familias, es decir, una de cada cinco familias rurales.
La nacionalización del comercio exterior de las mercancías agrícolas permitió al Estado obtener el control comercial sobre los subsistemas de agroexportación, en detrimento del poder de la facción agraria del capital. La nacionalización del sistema bancario pretendía ser la fuente estratégica de financiamiento para las reformas y medio de control financiero sobre la economía.
Otro periodo desencadenante fue 1984-1989, la gestión de una economía de guerra, por parte del PDC[4] permitió que las finanzas del Estado se redefinieran a favor de los ingresos por exportaciones, importaciones e impuestos tributarios directos. En este periodo, cabe decir que las tres reformas fueron bloqueadas y las políticas económicas truncadas de sus objetivos iniciales.
Para el caso de la nacionalización del comercio exterior, los mecanismos de comercialización dictados por el INCAFE y la INAZUCAR crearon cuellos de botella administrativos para poder exportar o en otros casos la corrupción. El objetivo del financiar al Estado tampoco se logro, evidenciado por la caída de las exportaciones de café y la consecuente disminución de ingresos por impuestos a estos[5].
En cuanto a la nacionalización del sistema bancario[6], guiado por el BCR y la Junta Monetaria , como vía para democratizar el crédito y medio de control estatal fue corroído por partes. Ya antes de ejecutar la anunciada nacionalización, los dueños de los bancos ligados al modelo agro exportador, iniciaron una fuga de capital hacia el exterior, liquidaron prestamos y mediante “presta nombres” salvaguardaron activos. Luego negociaron con el gobierno la compensación prometida, pagando este elevados precios por acción que fueron financiados con bonos.
Otro periodo abarca entre 1989-2003 donde el proceso de reajustes se complementa en el modo de producción.[7]
En octubre de 1992, y producto de los acuerdos de paz, se creó el Programa Transferencia de Tierras: El PTT definió el acceso a la tierra desde 1.5 hectáreas , según la calidad de suelos. El techo de beneficiarios fue de 47,500 (según CEPAL eran 25,000 tenedores, 7,500 FMLN y 15,000 FAES); la adjudicación seria individual y colectiva (se aplico en muchos casos por pro indiviso); el pago serie a 30 años plazo y 6% interés anual; el proceso dependería de la disposición de tierras y por prioridades (FMLN, Tenedores, FAES).
Luego de la reforma de 1980 y la aplicación del PTT[8] sobre la tenencia de la tierra los resultados a fines de los noventa mostraba que, no obstante la recalificación de más de 295 000 hectáreas , la distribución de la tierra se mantenía concentrada en las explotaciones más grandes[9]. Los predios de más de 70 hectáreas constituían sólo el 1.1% del total y ocupan el mayor porcentaje del área de todos los estratos (29.3%), con un promedio de 134 hectáreas [10].
Desde 1989, las tres reformas económicas del JRG-PDC fueron revertidas con un alto costo económico-financiero. ARENA, partido en el gobierno había promulgado un nuevo programa económico el “plan Cristiani” que era una replica del ideario y doctrina neoliberal[11].
En la Reacumulación de capital en el caso de los Bancos y Financieras, El BCR fue importante en las reformas en la década de los 90, particularmente en su marco regulatorio[12]. En 1990, se argumentó la nueva doctrina económica como solución a los problemas del sistema financiero (estructura centralizada y política, favoritismo político y trabas en otorgamiento de créditos, insolvencia e iliquidez económica- financiera)[13], y bajo la bandera del saneamiento y fortalecimiento los bancos y asociaciones de ahorro y préstamo, se privatizaron[14]. En 1993, los principales bancos e instituciones financieras privatizados que operaban en el país eran: Banco Agrícola Comercial, Banco de Comercio, Banco Cuscatlán, Banco de Desarrollo, Banco Salvadoreño y Banco Hipotecario; Financieras: Ahorromet, Atlacatl, Construcción y Ahorro, S. A. (CASA) y CREDISA.
La apropiación de los activos de bancos emula a la apropiación de la tierra ya que permitió la propiedad sobre el dinero, y a partir de este se desarrollo la facción del capital financiero. Los bancos privatizados, con la facilidad de un conjunto de leyes captaron los flujos de TEN que permitió consolidar su poder en el mercado.
En 10 años hay una expansión del capital financiero, vía los servicios financieros diversificados y la consolidación de empresas de diversas actividades económicas, esto dio origen al Bloque Hegemónico Empresarial (BHE)[15]: 23 Núcleos Familiares Empresariales que controlan mediante sus empresas e inversiones, ramas claves de la economía nacional. La forma jurídica-empresarial-económica que tomaron fue el holding financiero[16]. Para 2003, cuatro de los bancos en poder del BHE controlan el mercado financiero[17] La banca usurera, focalizo el crédito hacia actividades rentables de consumo diverso, en detrimento del financiamiento de la producción real[18].
[2] La fase I, afectó a las fincas con más de 500 hectáreas . La Fase II a propietarios de fincas menores de 500 hectáreas , pero por encima de los límites establecidos por la ley básica, 100 o 150 hectáreas , según la calidad de los suelos, esta fase no se ejecuto debido a que la Constitución de 1983 fijó el límite máximo de la propiedad rústica en 245 hectáreas y se concedía un plazo de tres años a los propietarios que contaban con extensiones mayores para que las transfirieran al Estado. La Fase III , estipulaba la expropiación de tierras que no fueran explotadas por sus propietarios. Se refería a cualquier predio rentado inferior a siete hectáreas.
[3] Como lo señalan CEPAL y Margarita Flores, la invalidada fase II de la reforma agraria, la insostenible asistencia técnica y crediticia, la incapacidad de gestión de los grupos impactados con la fase I y III. Las argucias legales con la titularización de las propiedades, los llamados presta nombres y los elevado precios de venta de tierras en casos especiales terminaron de minar la aplicación de esta reforma económica.
[4]Se realizaron elecciones para una asamblea constituyente en marzo de 1982 y Las elecciones presidenciales en marzo de 1984 donde el PDC, ganó las elecciones, siendo electo presidente Napoleón Duarte.
[6] Decretada el 7 de marzo de 1980, tenía como objetivo promover una menor desigualdad en la distribución del ingreso y de la riqueza, mediante una nueva estructura de propiedad de las instituciones nacionalizadas, democratizar el crédito mediante la extensión de sus beneficios a los sujetos económicos que habían permanecido marginados y promover la utilización más racional del ahorro interno captado por el sistema financiero (BCR). La nacionalización de las instituciones de crédito y de las Asociaciones de Ahorro y Préstamo, estableció que el Estado pagaría con bonos las acciones expropiadas de las instituciones financieras nacionalizadas; para tal efecto promulgo la Ley de Emisión de Bonos, ratificada el 14 de marzo de 1980 en el D.O. Nº 53, TOMO Nº 266.
[7] En 1989 se da un relevo de poder y ARENA (junio de 1989) asume el gobierno, además se dio la ofensiva final del FMLN (noviembre de 1989) y finalmente se pacta los acuerdos de Chapultepec en (enero 1992). Luego vendrían 3 gobiernos más del mismo partido (1994-1999, 1999-2004 y 2004 – 2009) y la profundización de medidas neoliberales, a pesar de no ser de iguales plataformas de gobierno.
[8] Una serie de problemas contribuyeron a limitar el interés de los beneficiarios potenciales del PTT. según un informe de la ONU : 1997). En marzo de 1995 ambas partes acordaron cerrar la lista de beneficiarios, de tal forma que, en tres años, con una amplia participación de las partes, el PTT transfirió poco más de 100,000 hectáreas a 36,100 beneficiarios (8 500 desmovilizados de las FAES y el resto excombatientes del FMLN y población de las zonas de conflicto), es decir, el 76% del número previsto de personas, y el 63% de la tierra estimada originalmente en el PTT. La escrituración en pro indiviso, por su parte, tomó tres años adicionales.
[9] Cabe aclara que según el estudio de CEPAL aludido, en 2001 con base en la encuesta de MIPLAN de 1991-1992 afirma que, seguían predominando la concentración de la propiedad en pocas fincas y un gran número de parcelas inferiores a 2.8 hectáreas dedicadas a actividades agropecuarias para consumo básico, el arrendamiento como forma de tenencia y un gran número de población rural sin tierra, alrededor del 40% de la población económicamente activa (PEA) en el sector agrícola. Por otra parte, un notable incremento del porcentaje de la superficie que ocupan las explotaciones en el tramo 14-70 hectáreas sugiere que en ese estrato tiene lugar compra de tierras; el tamaño promedio que ocupan sugiere también que ahí se estaría dando un proceso de capitalización en los predios.
[11] Conocido por “Consenso de Washington” que planteaba: a) Disciplina fiscal; b) Focalizar gastos públicos; c) Reforma tributaria; d)Tasas de interés positivas regidas por el mercado e) Tipos de cambio de moneda competitivos; f) Política comercial liberal; g) Apertura a inversión extranjera; h) Privatización de empresas publicas; i) Desregulación de la actividad económica; j) Protección a propiedad privada y derechos de autor o patentes. Ahora este fenómeno es conocido como la Homogenización de las políticas económicas.
[12] En 1990, se comenzó a ordenar el mercado financiero aprobando la Ley de Casas de Cambio, la Ley de Saneamiento y Fortalecimiento de Bancos y Asociaciones de Ahorro y Préstamo, la Ley de Privatización de Bancos Comerciales y Asociaciones de Ahorro y Préstamo y la Ley Orgánica de la Superintendencia del Sistema Financiero. En mayo de 1991, se aprobó la nueva Ley Orgánica del Banco Central de Reserva de El Salvador y la Ley de Bancos y Financieras reformada en 1999 a ley de Bancos, donde en el Título Sexto, se crea el Instituto de Garantía de los Depósitos. La Ley del Mercado de Valores fue aprobada en abril de 1994 y en mayo de 1994, fue creado el Banco Multisectorial de Inversiones.
[13] La mora crediticia ascendía a más de US $ 434 millones, al 31 de diciembre de 1989. BCR 2001. “Evolución del sistema financiero” 2000. http://www.bcr.gob.sv/financiero/main_evolucion.html#8.
[14] El Programa se realizó en las siguientes etapas: evaluación de la cartera de préstamos de cada banco; constitución de reservas de saneamiento y ajuste de estados financieros que reflejaran la realidad financiera de las instituciones, reestructuración institucional; saneamiento o restitución de patrimonios netos; fortalecimiento de la Superintendencia y revisión del marco regulatorio y legal; y privatización de las instituciones financieras mediante la venta de acciones al mayor número de inversionistas.
[15] Paniagua, Carlos “El Bloque Hegemónico Empresarial”. ECA. UCA numero monográfico julio-agosto 2002.
[16] Conglomerado o compañía que controla las actividades de otras mediante la adquisición de todas o de una parte significativa de sus acciones. El BHE surgido de los NFE va adquiriendo propiedades y firmas diversas, buscando simplemente la rentabilidad de cada una. Los holdings se crearon a través de los bancos y otras entidades financieras, que partieron del patrimonio de un NFE y por la privatización de activos y/o empresas estatales.
[17] Dominaban el: total de activos 80.8%; total pasivos 81.2%; total patrimonio 77.9% y sus resultados de operación eran mayoritarias: ingresos totales 75.8%; costos totales 78.1%; gastos totales 72.5%; ganancias totales 80.1 %.
[18] Ver graficas 13,14 y 15 en anexos. Para mayor referencia léase Equipo Maíz, Los ricos en El Salvador. Los Grupos Económicos de Poder (GEP). Mimeo, San Salvador, 2004.
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